Los beneficios anunciados por el Gobierno en el pago de recibos no han llegado a los habitantes de Ciudad Versalles que han recibido un ultimátium para ponerse al día con los servicios de agua y luz que tienen pendientes desde que se inició el estado de emergencia por la covid-19 en El Salvador.

La familia Pérez tiene hasta este lunes para pagar los recibos que ha acumulado desde marzo ya que los ingresos que han recibido son casi nulos y han priorizado la alimentación de sus miembros al pago de los servicios básicos.

Según lo señalado por el Ejecutivo, en julio la población comenzaría a recibir los recibos con el monto de los servicios que se prestaron durante junio y a la tarifa se le iba a ver reflejado un aumento por la primera de las 24 cuotas en las que se dividió el saldo acumulado.

Es decir, si la familia acumuló $240 en los tres meses señalados por la ley la empresa que factura sus recibos debió poner un recargo de $10 al recibo emitido a partir de junio como un alivio a su economía.

Sin embargo, este escenario no se ha dado en los residentes del complejo habitacional ubicado en San Juan Opico a quienes les estarían obligado a pagar en un solo pago lo adeudado.

Según la denuncia, en el caso de los Pérez a inicios de julio pagaron el recibo que llegó por el servicio de junio, pero para su sorpresa la administración decidió que ese era el pago de parte del monto del recibo que se venció en mayo.

"Hoy resulta que debemos parte de mayo, el único mes en el que vino una tarifa desglozada, junio y julio", señalan los perjudicados quienes aseguran que sus derechos están siendo violentados por la empresa Salazar Romero.

"Han manipulado los tiempos de pago y por eso están haciendo lo que ellos quieren, y no lo que fue aprobado en la Asamblea Legislativa", denunció la fuente del caso.

Los hogares que adeudan los servicios tienen hasta este día para cancelarlos, de lo contrario van a ver suspendidos los suministros, esto pese a que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho que no se puede hacer.

La empresa que controla el suministro de los servicios básicos en esta residencial es privada y a menudo sus habitantes se quejan por las altas tarifas que estos han establecido sin que nadie los regule.

El Gobierno ha anunciado que la tarifa de energía eléctrica se verá reducida un 33%, pero esto ayudará poco a estas familias si no se interviene en el caso.

Los Rivera han interpuesto la queja ante la Defensoría del Consumidor y esperan que les ayuden a obtener una salida que les permita tener un respiro en su muy golpeada situación económica.