Mascarillas, botas de hule son los insumos médicos que empresas de funcionarios del Estado han vendido al Gobierno durante la emergencia de la covid-19. En total estos han recibido $1,569,000.

Pese a que el presidente de la República, Nayib Bukele, amenazó con meter preso a aquellos que se aprovecharan de la situación para obtener beneficio político de todos los señalados solo ha procedido con la destitución de Jorge Aguilar como presidente del Fondo Ambiental de El Salvador.

Aguilar fue el primero de los casos que se conoció gracias a la investigación de la revista Salud con Lupa en la que se detallaba que una empresa de su propiedad firmó una venta de $250,000 por un lote de mascarillas.

Como suele suceder, Bukele ordenó la separación del cargo de Aguilar tras enterarse por medios de comunicación sobre el negocio que el Ministerio de Salud había hecho con el entonces precandidato de Nuevas Ideas por la alcaldía de Santa Tecla.

Aguilar fue separado de la precandidatura también y se limitó a negar todo lo señalado por la investigación de dos periodistas salvadoreños.

El viceministro de Hacienda, Alejandro Zelaya es el otro señalado por indagaciones de El Diario de Hoy que señalan que una empresa de la cual es accionista vendió al Minsal mascarillas por un monto de $750,000.

A diferencia de lo que ocurrió con Aguilar, en esta ocasión Bukele salió a defender a su funcionario desacreditando al medio que publicó la información que ha sido catalogada por Zelaya como una difamación.

Cuando el periodista que reveló la situación intentó obtener la versión de Zelaya este se retiró y terminó señalando en redes sociales que iba a demandar al comunicador por haberle dicho que ladraba desde lejos.

Otro de los casos que se han conocido es el publicado por El Faro en relación al hoy exdiputado de ARENA, Gustavo Escalante, quien obtuvo $344,000 por la venta de mascarillas al Minsal mediante una empresa familiar.

En el reportaje publicado por El Faro el hermano del diputado Escalante da su versión de los hechos asegurando que el negocio se hizo con la mayor de las transparencias.

El ahora diputado independiente y que no oculta su preferencia por Bukele salió al paso en redes sociales diciendo que todo era una mentira y exigió al medio digital que se le diera el derecho de respuesta, que hasta la fecha no se ha publicado.

El último de los casos de este tipo de negocio que se ha conocido es el de un negocio de la familia del ministro de Salud, Francisco Alabi, por $225,000 a cambio de botas de hule.

La revista Gato Encerrado señala que la empresa Autodo es propiedad de primos de Alabi quienes se dedican a la venta de repuestos de vehículos en Santa Tecla.

El ministro Alabi se limitó a decir que será la Corte de Cuentas la que va a determinar si estos negocios incurrieron en algún tipo de ilegalidad.

Bukeke: Cada día es una mentira nueva

Salvo en el caso de Aguilar, Bukele ha optado por criticar a los medios de comunicación que han revelado las irregularidades de sus funcionarios.

De manera indirecta, el mandatario ha estado reflexionando sobre la información que se publica señalando que ya se encuentra en una guerra.

"Ya sobrevivimos a muchas campañas sucias y de todas salimos fortalecidos. Siempre termina saliéndoles el tiro, por la culata", remarcó el funcionario.

"El pueblo salvadoreño sabe quienes son y para quienes trabajan. Son exactamente, la representación de lo más nefasto de nuestro país", agregó.

¿Qué pasará con los funcionarios en cuestión?

El fiscal general, Raúl Melara, ya ha anunciado que va a realizar una investigación en torno a varios de estos casos en los que se ha violado la Ley de Ética y de la Corte de Cuentas de la República.

La primer instancia a la que han sido denunciado varios de los funcionarios es el Tribunal de Ética Gubernamental que de encontrarlos responsables de estos actos se limita a una multa que oscila entre 1 y 40 salarios mínimos del sector industria que actualmente es de $304.17.

Además, el TEG tendría que liberar oficios para que CCR, Fiscalía General y el Tribunal de Servicio Civil para que inicien el oficio correspondiente. 

De momento, la Comisión Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) no ha presentado informes al respecto a las autoridades correspondientes.