Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron la investigación realizada en el caso que involucra a los exministros de la Defensa por un armamento israelita valorado en $2 millones que no servía.

La investigación remonta al año 2011, el entonces ministro David Munguía Payés ordenó una evaluación de armas obsoletas y en mal estado que tenía la Fuerza Armada para realizar la tercera permuta en la administración Funes.

El informe estableció 14 mil armas que podían aplicarse a este proceso, además se indicó expresamente un conjunto de más de 2 mil armas, entre nuevas y usadas, que no deberían entrar en el proceso.

Para 2013, asume en el como ministro Atilio Benítez y sigue insistiendo en el tema, genera una directiva para regular el proceso y se hace una invitación a seis empresas para que presenten sus ofertas que serán evaluadas por una comisión.

La investigación señala que Abel Herrera, apoderado legal de Centrum, se presenta en nombre de cinco empresas, posteriormente señala que deja de representar a cuatro empresas y solo actuará en nombre de Centrum cuyo propietario es el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson.

La Fiscalía señala que todos los representantes que asumieron la responsabilidad en el proceso en las empresas que dejó Herrera eran empleados de Centrum, algo que dislumbra el acuerdo ilegal que se tenía entre militares y empresario. 

La permuta es ganada por Centrum y la única empresa que al inicio no era representada por Herrera, lo prometido eran dos obús importados de Israel para actualizar y mejorar la flotilla de artillería.

El acuerdo era por $2,051,853 y repentinamente se señaló que la otra empresa involucrada en la permuta ya no va a participar en el proceso por problemas con Estados Unidos.

Rafael Melara, presidente de la comisión, advierte que no se debe seguir con la permuta y que se debe de volver a concurso, pero esto es obviado por orden de Benítez y Centrum suscribe el contrato donde iba a asumir el proceso por completo.

Posteriormente, regresa Munguía Payés como ministro y un mes más tarde modifica una serie de clausulas del contrato cambiando la garantía que se tenía de 36 a 24 meses. La única justificación dada por la empresa fue que los obuses iban a llegar en menos de 24 meses.

A Munguía Payés se le recomendó no aceptar la modificación, pero él aceptó. Los obuses no vinieron al país en 24 meses por lo que posteriormente se tuvo que ampliar la garantía nuevamente y así se volvió a beneficiar a Centrum.

Otra modificación en el acuerdo fue el estado de la artillería, en un primer momento se ofreció una nueva, pero posteriormente se señaló que estos eran modificados, algo que según la parte acusadora tenía que haberse modificado hasta en el presupuesto.

Dos especialistas viajaron a Israel para el funcionamiento de los obús y al regresar señalan que solo apreciaron de lejos que ambos disparaban, pero no pudieron ejecutar la revisión técnica que estaba plasmada en el contrato.

Al arribar el armamento al país, el ministerio entrega 16,441 armas y en el lote se incluyó 2441 armas que el informe de 2011 señalaba no debían ser incluidas en este proceso, entre estas se encontraban ametralladoras.

El general Manuel de Jesús Romero recibe los obuses, pero recomienda a Munguía Payés no aceptar los obús en una nota que el ministro pide al jefe del Estado Mayor modificar para que se plasme que la opinión de Romero es de aceptar las armas. 

El arsenal se resguardó en artillería hasta que venció la garantía establecida y se descubrió que las municiones que ocupaban se dejaron de fabricar hace varios años por lo que estos son considerados obsoletos. 

El ministerio público presentará este lunes el requerimiento y señalan que los $2 millones establecidos podrán incrementar conforme avancen las investigaciones.

Los seis involcrados son señalados por los delitos de peculado, falsedad documental agravada y actos arbitrarios.