El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador interrumpió, éste lunes 21 de septiembre, la apertura de expedientes militares que daría inicio al proceso judicial en contra de ex-combatientes de las Fuerzas Armadas acusados de cometer violaciones a los derechos humanos, durante la guerra civil de El Salvador.

"No se ha comprobado en ningún momento no sólo la existencia de los delitos, sino lo más importante, que sería la participación de cada uno de los imputados. No habiendo imputaciones probadas, se puede decir que el principio de inocencia no ha sido quebrantado", señaló el abogado Nestor Oswaldo Pineda al referirse a sus clientes, y ex-miembros de la Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado.

A tempranas horas del día, autoridades del ministerio público se hicieron presentes para que las autoridades militares les dieran acceso a los expedientes de las Fuerzas Armadas durante el  conflicto armado, tal y como lo tenía previsto el Juzgado de Instrucción de Francisco Gotera, en la calendarización establecida el pasado 28 de agosto.

"Las acusaciones y las querellas son por las responsabilidades individuales y penales de, en éste caso, 16 imputados que siguen con vida; e incluyen a ministros del alto mando de la época, empezando por el ex-ministro de defensa, Guillermo Garćia, y todos los oficiales que aún viven, del batallón Atlacatl en el momento de la masacre. La estrategia de la acusación está dirigida a los niveles que tomaron decisiones: el alto mando, y los oficiales que dirigieron, supervisaron y ordenaron la masacre. Varios han fallecido ya, a lo largo de los años, por eso el número está reducido a eso", detalló David Morales, abogado acusador y miembro de la organización Cristosal, El Salvador.

La masacre, que tuvo lugar en diciembre de 1981, es atribuida a miembros del batallón Atlacatl. Según el “Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”, el evento cobró la vida de al menos 978 persona que fueron ejecutadas.

La ausencia de la Ley de Amnistía, firmada durante los Acuerdos de Paz, tras declararse inconstitucional en 2016, hace posible la judicialización de violaciones a los derechos humanos perpetrados por miembros del ejercito salvadoreño y por militantes de la guerrilla, que participaron durante el periodo del conflicto armado.

Sin embargo, veteranos de guerra y ex-miembros de las Fuerzas Armadas protestaron en contra de proceso, y expresaron sus inconformidades a los querellantes. Sostienen que la apertura de archivos militares y la judicialización de los acusados no es legal.

“Tanto el FMLN como la Fuerza Armada hemos cometido errores, pero eso quedó perdonado en los acuerdos de paz, quedó en un indulto militar, y eso ya no se puede tocar. Esto tiene un tinte político, el gobierno quiere ganar más adeptos para el 2021, y por eso está haciendo ésta payasada, de querer sustraer los archivos históricos de nuestra gloriosa Fuerza Armada, que participó durante el Conflicto Armado” dijo el sargento José Ricardo González, directivo del Instituto de Veteranos

¿Por qué se detuvo el Proceso?

Transcurrida aproximadamente una hora de lo establecido para la celebración del proceso, miembros de la Asociación de Tutela Legal recibieron el reporte de la suspensión de las actividades, por parte de miembros del Estado Mayor Conjunto.

Morales señaló que fue notificado a través de “una comunicación telefónica una personas colaboradora del tribunal; al parecer, no sólo en éste portón del Estado Mayor, sino que en otro portón el juez, y sus colaboradores intentaron ingresar, y no se les permitió. Sabemos que la Fiscalía General de la República tiene conocimiento, Fiscalía también se presentó, y no la dejaron entrar”.

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), miembros observadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y defensores la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal como de Cristosal expresaron su desacuerdo:

“Las resoluciones se cumplen, se hacen ejecutar. En éste caso se está vulnerando de nuevo el estado de derecho, incumpliendo una orden judicial, en la cual, cuando se planificaron éstas diligencias estuvo presente el representante del ministro de la Defensa, el representante de la secretaría jurídica de la Presidencia, de la secretaría privada de la Presidencia”, expresó Wilfredo Medrano, miembro de Tutela Legal de El Salvador.

Tras el incumplimiento de las disposiciones establecidas, el Juez de Instrucción, Jorge Guzmán dispuso la firma de un acta entre los querellantes, para constatar la suspensión de actividades ante el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

En la declaración oral del acta, se detalla que “no se permitía el acceso a la inspección de archivos militares. porque no se podía revelar, porque está prohibido de acuerdo al artículo 168 de la Constitución de la República”.

Asimismo, el documento detalla que el Estado Mayor declaraba que “no se había tomado en cuenta su opinión para acceder a los archivos”. Por su parte, el juez manifestó que “no había pedido permiso a la Fuerza Armada, porque no es parte procesal; y que ésta acción no  es contra la Fuerza Armada, sino contra en contra de quienes formaban parte de la institución militar”.

“No hay razón legal alguna, por el contrario, se está violando la ley y la independencia judicial. Así que no hay otra explicación posible, más que una posición política del presidente Bukele, y del ministro Monroy y su alto mando, de proteger criminales del guerra”, valoró Morales.

La PDDH también expresó su desacuerdo contra de las actitudes de “obstaculización” del proceso, y responsabilizaron al órgano Ejecutivo de no darle seguimiento a los acuerdos establecidos.

“El mensaje es claro: Obstaculización de la justicia, saber la verdad, que era lo que nosotros veníamos a verificar, a observar; Que se le diera cumplimiento al debido proceso, que es lo que las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños han estado esperando durante mucho tiempo. Y la obstaculización de parte del ministro de Defensa continúa, y también de parte del señor Presidente”, valoró Hidalgo.

Por su parte, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, pidió consideración a la reparación de las violaciones a los derechos humanos perpetrados en contra de las víctimas de la masacre.

“Las familias de las víctimas, y las víctimas, merecen respeto, y por el respeto que merecen las familias de las víctimas, los archivos militares deben abrirse: Se debe conocer la verdad sobre los diferentes hechos ocurridos en el conflicto armado que generaron grave afectación a los derechos humanos”, expresó Tobar.