La defensa del empresario Enrique Rais ha señalado ante el cuerpo diplomático acreditado en el país que magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centrohan usurpado funciones y no quieren cumplir con la justicia.

Según comunicado emitido por la parte litigante del empresario, Carlos Sànchez, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, removdo en el cargo en mayo del presente año,y Guillermo Arévalo Domínguez firmaron una resolución bochornosa y sin precedentes en el país.

La defensa del empresario señala que en la resolución de un incidente de apelación del caso de Rais, los magistrados ordenaron que se notifique de esta decisión a los cuerpos diplómaticos acreditados en el país.

Los abogados alegan que esta función, de informar de una decisión judicial a sedes diplomaticas es algo que compete exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

“Las conductas evidenciadas por ambos Magistrados no cumplen con las garantías de independencia judicial e imparcialidad; primero, porque se arrogan funciones judiciales que a la fecha se encuentran bajo control de otras autoridades (Sala de lo Constitucional y Cámara Segunda de lo Penal, por ejemplo) y de Estado que no son de su competencia, sino que corresponden única y exclusivamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador”, aseguran los firmantes del comunicado.

“Existe un grave conflicto de interés en sus actuaciones recientes, en virtud que la Opinión No. 76/2020 (Enrique Rais-El Salvador) emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria -GTDA- de Naciones Unidas, ha instado a las autoridades competentes del país a realizar una investigación “exhaustiva” e “independiente” sobre las circunstancias de la privación arbitraria de la libertad del Sr. Rais. Lo anterior significa que los citados Magistrados de ser encontrados responsables de tales violaciones, enfrentan responsabilidades administrativas y de naturaleza penal”, agregaron.

El magistrado Sánchez Escobar como integrante de la Cámara Primera de lo Penal, desmerita la Opinión del GTDA, según él “por ser un órgano de control con sentido universal sobre el Pacto, porque no ha sido creado por ningún tratado o convención que obligue vinculantemente al Estado de El Salvador, porque no pronuncia resoluciones, sino que emite opiniones y en conclusión porque no cumple con el requisito del artículo 144 de la Constitución de la República, es decir la ratificación de un tratado por El Salvador para ser integrado con fuerza normativa en el derecho interno.

Durante su etapa como magistrado de la Sala de lo Constitucional concurrió con su voto reconociendo el cumplimiento de buen fe de los tratados internaciones incluido el pacto (Sentencia, Hábeas Corpus 477-2019); la aplicación de estándares internacionales de protección “Soft Law” (Sentencia, Hábeas Corpus 149-2019) y la exhortación a los Jueces y magistrados competentes en materia penal para acudir a las resoluciones y “recomendaciones” dadas por los distintos órganos internacionales de derechos humanos (Sentencia, Hábeas Corpus 555-2020).

A criterio de la defensa de Rais, la actuación de Sánchez Escobar como juez constitucionalista “es un retroceso jurídico con disfraz de “soberanismo” que pretende mantener el Sistema Judicial excluido del control de organismos que sin asimetrías y localismos”.

Por último, el equipo legal de Rais exhorta “al Cuerpo Diplomático que informen a sus respectivos gobiernos, la intención de los Magistrados Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Guillermo Arévalo Domínguez de irrespetar el cumplimiento de los derechos humanos que son la esencia y fundamento de la democracia”.