El fiscal general de la República, Raúl Melara, presentó detalles de la investigación realizada en el caso El Chaparral donde se señala al expresidente de la República Mauricio Funes de haber obtenido $50 millones del proyecto.

Lo que en su momento Funes presentaba como una de las movidas más inteligentes para no gastar recursos en litigios legales era la fachada del acuerdo que lo iba a beneficiar con el soborno que le pagó la firma italiana Astaldi, según señaló la parte acusadora.

Hace 12 años, el 26 de agosto de 2008 -para ser exactos- el gobierno firmó un contrato con Astaldi  denominado "Construcción de Presa El Chaparral" en el que se fijó un monto por $219.9 millones.

La modalidad del contrato establecido era la que se conoce como "llave en mano", que significa que no se puede hacer modificación en tiempo y precio. Además se estipuló que cualquier perjucio en el desarrollo del proyecto debe ser cubierto por el contratista.

En el desarrollo de la obra, Astaldi comenzó a hacer objeciones sin fundamentos, como imprevistos causados por movimientos del cerro o del cause del río. Algo que era el inicio del fraude que estaba por concretarse.

La administración Funes contrató a dos consultoras especialistas en el tema de arbitraje internacional y aspectos técnicos. Ambos dictámenes establecen que se podía ganar el arbitraje en un 70%, ya que la pericia técnica señalaba que lo alegado por Astaldi no era cierto.

Pese a las probabilidades de ganar, Funes decide hacer un arreglo directo, contraviniendo toda la normativa, contratan una firma para gestionar el arreglo. El mandatario en su momento justificó que lo que se quería era continuar con la obra.

Paralelo al arreglo con la firma italiana, Leopoldo Samour, presidente de CEL en la administración Funes viaja a Panamá acompañado del empresario y hombre de confianza del expresidente Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé.

El viaje de Samour y Menéndez fue para adquirir dos sociedades fachadas que fueron creadas para recibir el dinero que recibió Funes por ordenar el arreglo directo entre El Salvador y la empresa a cargo de la construcción de El Chaparral.

A su regreso al país, Samour autorizó el pago de la compensación, además los italianos se llevaron el 29% del dinero de la obra que equivale a unos $53 millones. en un primer momento la cifra llegó a los $80 millones.

Para mayo de 2009, Samour expone a la junta directiva que el arreglo debe ser por $105 millones, y cuatro días después pide "3.5 millones más, señala la investigación realizada por el ministerio público. En total Astaldi recibió $108.5 millones por dejar abandonado el proyecto.

En junio de 2012, cerca de $50 millones salieron de las cuentas de Astaldi en El Salvador con destino a Roma, la sociedad también sacó dinero de Honduras y según el recorrido terminaron en las cuentas de las sociedades de Samour y Mecafé en Panamá.

Las sociedades eran manejadas por Funes, desde esas cuentas se mueven a otras cuentas para Spa de El Salvador, con sede en Panamá y Suiza, también se envió dinero a Islas Marshall y Curazo.

El dictamen de acusación señala por los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

Además de Funes, Samour y Menéndez, por el caso son señalados Ada Mitchel Guzmán, Mario Pieragostini Maiocchi, José Efraín Quinteros.